El Boletín Oficial publica hoy las bases del concurso-oposición libre para cubrir estas vacantes laborales fijas en la Administración autonómica. Los aspirantes disponen de un plazo de 20 días hábiles para tramitar su inscripción telemática y abonar la tasa de examen.
La Consejería de la Presidencia publica este lunes, 16 de noviembre de 2026, en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la categoría profesional de Educador-a de Personas con Discapacidad. Esta convocatoria, firmada el pasado 10 de noviembre por el viceconsejero de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, José Miguel de Elías Hernández, tiene como finalidad atender las necesidades de personal expresadas en la oferta de empleo público correspondiente al año 2024.
En concreto, el procedimiento busca cubrir un total de 13 plazas de personal laboral fijo dentro de la Administración autonómica, siendo que dos de ellas se reservan específicamente para el turno de personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Las bases establecen que aquellos aspirantes que opten por este turno reservado solo podrán concurrir por dicha vía, si bien las vacantes que finalmente no queden cubiertas por esta modalidad se acumularán a las del turno general.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas disponen de un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación oficial, para registrar sus solicitudes dirigidas a la Gerencia de Servicios Sociales en Valladolid. Toda la tramitación, incluyendo la inscripción en el modelo oficial y el registro de la documentación, deberá efectuarse obligatoriamente por medios electrónicos a través del portal de empleo público de la Junta, para lo cual resulta imprescindible poseer un certificado digital válido o el documento nacional de identidad electrónico activado.
La participación en el proceso conlleva el abono electrónico de una tasa por derechos de examen fijada en 11,95 euros, aunque la normativa contempla diversas exenciones de pago. De este modo, quedan liberadas del abono las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, las víctimas del terrorismo acreditadas y los miembros de familias numerosas cuya base imponible total, restado el mínimo personal y familiar en el ejercicio 2025, no supere los 18.900 euros en tributación individual o los 31.500 euros en modalidad conjunta.
Para ser admitidos en la convocatoria y mantener dicha condición hasta la formalización del contrato, los candidatos deberán tener cumplidos los 16 años de edad y poseer la nacionalidad española, la de algún Estado miembro de la Unión Europea o encontrarse en situación de residencia legal en España, además de los supuestos contemplados para cónyuges y descendientes o tratados internacionales de libre circulación. Asimismo, se exige poseer la capacidad funcional necesaria y no haber sido separado del servicio de ninguna administración pública mediante expediente disciplinario ni hallarse inhabilitado judicialmente.
En el apartado académico, los aspirantes deben estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo antes de que concluya el plazo de solicitud, del título de Grado Universitario de Maestro en Educación Primaria con mención de Pedagogía Terapéutica, Grado en Educación Social, Grado en Pedagogía o Grado en Psicología. Igualmente, se admitirá cualquier otra titulación universitaria incluida en el ámbito de conocimiento de ciencias del comportamiento o psicología previsto en el Real Decreto 822/2021, o bien haber superado el periodo de prueba en esta Administración en la categoría correspondiente antes de la entrada en vigor del actual convenio colectivo.
Respecto a las personas que presenten especiales dificultades para realizar los exámenes a causa de su discapacidad, podrán solicitar en el formulario las adaptaciones de tiempo y medios que precisen, tales como eliminación de barreras, ampliación de duración, aumento de caracteres, intérprete por sordera, sistema Braille o mesa adaptada, aportando para ello el dictamen técnico facultativo. El órgano gestor dictará en un máximo de tres meses la relación provisional de admitidos y excluidos, abriendo entonces un periodo de 15 días hábiles para subsanar posibles defectos antes de publicar el listado definitivo.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición y sus pruebas presenciales se desarrollarán íntegramente en la localidad de Valladolid, debiendo celebrarse el primer ejercicio en un plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de esta convocatoria. El orden de actuación de los opositores, que serán convocados en llamamiento único salvo casos acreditados de embarazo de riesgo o parto, comenzará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido se inicie por la letra F, conforme al sorteo público celebrado el pasado mes de febrero.
La fase de oposición tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, sumando una valoración máxima de 20 puntos repartidos a partes iguales entre dos pruebas diferenciadas. El primer ejercicio consistirá en responder por escrito, durante un tiempo de 109 minutos, a un cuestionario de 90 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, de las cuales 18 versarán sobre los 10 temas de materias comunes y 72 sobre los 47 temas específicos del programa, añadiéndose además nueve cuestiones de reserva para posibles anulaciones.
En esta primera prueba cada respuesta errónea penalizará con un cuarto del valor del acierto y será necesario alcanzar al menos cinco puntos sobre 10 para aprobar, habida cuenta de que el Tribunal no podrá declarar aptos a un número de aspirantes que supere el 400 % de las plazas convocadas en cada turno. Tras el examen se publicará la plantilla correctora con tres días hábiles para reclamaciones y, una vez resueltas, se conocerán los aprobados, debiendo transcurrir entre tres y 45 días hasta la celebración de la siguiente prueba.
Por su parte, el segundo ejercicio consistirá en resolver dos supuestos de carácter teórico-práctico mediante un cuestionario de 10 preguntas a desarrollar en un máximo de 90 minutos. Posteriormente, los candidatos deberán leer su ejercicio en sesión pública ante el Tribunal, órgano que podrá solicitar aclaraciones durante diez minutos o incluso ordenar que el aspirante abandone la sala transcurridos diez minutos de lectura si estima su actuación notoriamente insuficiente, precisándose también un mínimo de cinco puntos para superar la prueba sin que el total de aprobados finales de la oposición pueda exceder el número de plazas convocadas.
Únicamente quienes superen los dos exámenes accederán a la fase de concurso, disponiendo de 10 días hábiles para presentar la documentación acreditativa de sus méritos, los cuales se valorarán hasta un máximo de 10 puntos tomando como fecha de referencia el cierre del plazo de solicitudes. La experiencia laboral en puestos de igual o equivalente contenido funcional aportará hasta nueve puntos, computándose a razón de 0,05 puntos por mes trabajado en la Administración de Castilla y León y de 0,02 puntos por mes en otras administraciones públicas, mientras que poseer otros títulos académicos oficiales de nivel igual o superior y directamente relacionados sumará 0,50 puntos por cada uno hasta el tope de un punto.
La calificación definitiva del proceso selectivo, que no deberá demorarse más de ocho meses desde la lista definitiva de admitidos, se obtendrá aplicando una fórmula que pondera en un 85 % la nota de la oposición y en un 15 % la puntuación del concurso. En caso de producirse un empate en la nota final, tendrá prioridad absoluta el aspirante que haya concurrido por el turno de discapacidad y, en su defecto, se atenderá sucesivamente a la mayor nota global de la oposición, la del segundo ejercicio, la del primero, la experiencia laboral, los títulos académicos y, finalmente, el orden alfabético a partir de la letra F.
Una vez publicada en el boletín oficial la relación de aprobados junto con la oferta de vacantes, los seleccionados contarán con 20 días hábiles para solicitar destino telemáticamente y presentar ante la Dirección General de la Función Pública su documentación, las declaraciones responsables exigidas y, si el puesto implica contacto habitual con menores, el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Tras la adjudicación e incorporación al destino, los nuevos educadores deberán superar un periodo de prueba de tres meses para consolidar su condición de personal laboral fijo, pudiendo consultarse toda la información del proceso en el Boletín Oficial de Castilla y León y a través de los teléfonos de atención ciudadana 012 y 983 327 850.
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