Volver Noticias de Soria - SoriaNoticias.com
El Consejo de Cuentas extiende por primera vez a la Junta sus análisis de ciberseguridad

El Consejo de Cuentas extiende por primera vez a la Junta sus análisis de ciberseguridad

Actualizado 16/11/2026 20:20

El órgano fiscalizador evalúa el balance financiero de la entidad social en 2022 y la protección informática en el pago de ayudas europeas al campo. La Administración autonómica asume la práctica totalidad de las pautas planteadas en ambos documentos.

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha comparecido esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para desgranar el contenido de dos nuevas fiscalizaciones. De un lado, se ha abordado la auditoría financiera de la Gerencia de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2022 y, de otro, el análisis relativo a la gobernanza de ciberseguridad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en su condición de organismo pagador de los fondos europeos agrícolas.

Sendos documentos de control externo suman un total de nueve recomendaciones orientadas a mejorar la gestión pública, de las cuales siete han sido aceptadas por la Administración autonómica, según consta en el seguimiento permanente que efectúa la institución. Con esta nueva sesión parlamentaria, Amilivia alcanza ya las 77 comparecencias durante el mandato en curso del Pleno, una cifra que representa el 59 % de las 131 registradas en toda la serie histórica del órgano y que supone haber presentado 169 informes sobre un global de 324.

Según ha precisado el propio presidente durante su intervención, tras el trámite de hoy restan 15 informes pendientes de comparecencia parlamentaria, al tiempo que se encuentran otros 34 en marcha. La previsión que maneja la entidad fiscalizadora pasa por completar el presente año con la aprobación de 26 trabajos, habiendo sido aprobados y publicados 18 hasta el momento.

Adentrados en el contenido de la primera fiscalización, el estudio puso el foco en la Gerencia de Servicios Sociales, organismo autónomo creado por la Ley 2/1995 que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios para administrar los centros y programas que le encomiende la Junta. El objetivo del trabajo consistió en expresar una opinión técnica sobre si sus estados financieros del año 2022 estaban preparados conforme al marco normativo aplicable, abarcando desde las modificaciones presupuestarias hasta los gastos de personal, el inmovilizado no financiero, los gastos corrientes y las transferencias y subvenciones.

Radiografía financiera de la Gerencia de Servicios Sociales

De acuerdo con el balance rendido en la Cuenta General de la Comunidad de aquel ejercicio, el patrimonio neto de la entidad se componía de 328 millones de euros de patrimonio aportado y 24 millones de patrimonio generado. Por su parte, el activo ascendía a 494 millones de euros, representando el inmovilizado material el 58 % del total, integrado en un 92 % por terrenos y construcciones, mientras que los deudores presupuestarios llegaban a los 119 millones tras experimentar un incremento de 41 millones respecto al año precedente.

La cuenta del resultado económico patrimonial arrojó un saldo positivo de 47 millones de euros derivados casi en su totalidad de actividades de gestión ordinaria, lo que supone un aumento de 21 millones y un 78 % más en comparación con 2021. En este capítulo, los ingresos procedieron en un 93 % de transferencias y subvenciones recibidas, quedando el siete por ciento restante ligado básicamente a precios públicos por prestación de servicios, en tanto que los mayores desembolsos obedecieron a las subvenciones concedidas por la entidad con un 58 %, seguidas de otros gastos con un 22 % y los de personal con un 19 %. Asimismo, se anotó una disminución neta del efectivo y otros activos equivalentes de 43 millones, advirtiéndose que en el estado de cambios en el patrimonio neto no se reflejaron en la contabilidad algunos componentes, por lo que el estado de ingresos y gastos reconocidos solo incluyó el resultado económico patrimonial del ejercicio.

Respecto a la liquidación presupuestaria, Amilivia ha subrayado que en 2022 no se aprobaron cuentas autonómicas, prorrogándose las de 2021 con unos créditos iniciales e ingresos previstos igualados en 1.057 millones de euros. Tras incorporarse modificaciones por valor de 189 millones, lo que implicó una subida del 18 %, el presupuesto definitivo alcanzó los 1.246 millones, dejando un resultado presupuestario ajustado de 66 millones de euros frente a los 33 del año anterior, así como unos fondos líquidos de disponibilidad inmediata de 79 millones.

El grado de ejecución en los ingresos llegó al 96 %, materializándose en derechos reconocidos por importe de 1.198 millones, de los que el 85 % correspondieron a transferencias corrientes. En la vertiente del gasto, la ejecución se situó en el 93 % con obligaciones reconocidas por 1.162 millones, un 12 % superior al ejercicio previo y concentradas en un 94 % en personal, bienes y servicios y transferencias corrientes. Funcionalmente, el 84 % del gasto presupuestario fue a parar al programa principal de servicios sociales, que creció en 104 millones, un 12 % más, hasta sumar 975 millones repartidos en siete subprogramas donde sobresalen los servicios sociales básicos e integración social con 406 millones, la atención a personas mayores con 236 y la atención a personas con discapacidad con 175.

El informe detalla igualmente que las modificaciones de crédito se dispararon un 243 % respecto al año anterior para financiar sobre todo inversiones reales y transferencias de capital, concentrándose las alzas en los servicios sociales básicos con un 51 % del importe modificado y en la atención a mayores con un 25 %, nutridas de forma muy significativa por fondos procedentes de la UE. Por su parte, los gastos corrientes en bienes y servicios representaron el 22 % de las obligaciones reconocidas netas, variando un 10 % respecto a 2021 pero manteniendo su peso relativo, mientras que en el capítulo de ingresos las transferencias y subvenciones recibidas sumaron 1.122 millones tras crecer un 16 %, equivalentes a 156 millones más, desglosados en 534 millones de subvenciones y 588 de transferencias.

Temporalidad laboral y carencias en el inventario

Un apartado de especial relevancia fue el dedicado a los recursos humanos, cuyo coste ascendió a 219 millones de euros en 2022, un tres por ciento más que el año anterior y el 19 % del gasto presupuestario total para una plantilla en la que trabajaron 5.246 personas. La distribución de estos empleados mostraba un 32 % de personal laboral temporal, un 31 % de laboral fijo, un 15 % de personal funcionario de carrera, un 11 % de laboral indefinido y otro 11 % de funcionario interino, arrojando una tasa de temporalidad del 43 % mientras que en la RPT figuraban 6.926 puestos, de los que 1.703 estaban vacantes.

En lo tocante al inmovilizado no financiero, la auditoría detectó que la Gerencia carece de un inventario completo de sus bienes y derechos, circunstancia que dificulta verificar el importe reflejado en el balance y que impacta en la amortización de la cuenta de resultado económico-patrimonial. A ello se suma que no se contabilizan las bajas en dicho inmovilizado por elementos distintos a los edificios cedidos en adscripción cuando se produce su reversión.

Con todo, el Consejo de Cuentas dictamina que la Cuenta General de la entidad reflejó de forma fiable su actividad a 31 de diciembre de 2022 salvo por varias salvedades que motivaron tres recomendaciones específicas. La institución emplaza así a tener en cuenta la alta temporalidad laboral al presupuestar los créditos de personal y a actualizar el inventario de bienes para garantizar su constancia registral, pautas ambas aceptadas por la Junta, quien sin embargo ha rechazado la sugerencia de no incluir en el remanente de tesorería para gastos generales aquellos derechos pendientes de cobro considerados de muy difícil recaudación si antes no se han dado de baja contable.

Gobernanza de ciberseguridad en los fondos agrarios

La segunda parte de la comparecencia sirvió para exponer la fiscalización sobre la gobernanza de ciberseguridad en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con la que el órgano de control extiende por primera vez este tipo de análisis al sector público autonómico tras sus auditorías pioneras en el ámbito municipal. Amilivia ha incidido en que una gobernanza efectiva resulta imprescindible para asegurar la eficacia de la seguridad en el ámbito público, habiéndose evaluado en este trabajo la situación existente en 2024 respecto a medidas, recursos y cumplimiento legal en protección de datos y seguridad de la información.

El propósito fundamental consistió en verificar si el departamento autonómico, actuando como organismo pagador de los fondos agrícolas europeos FEAGA y FEADER en la Comunidad, articuló una estructura sólida para proteger la información administrada y garantizar la prestación de sus servicios. No en vano, el presidente recordó que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad consignó hace dos años un total de 924 millones de euros en el estado de gastos para la Política Agrícola Común (PAC), cuantía que representa en torno al ocho por ciento de los 12.189 millones del estado de gastos de la Administración general.

Las conclusiones del documento revelan un escenario positivo, toda vez que el organismo pagador dispone de una gobernanza establecida y operativa, con implicación de la dirección, un Comité de Seguridad que funciona regularmente y una gestión de riesgos anual aprobada formalmente. Acredita además el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y de la certificación ISO/IEC 27001 que exige la normativa comunitaria, por lo que las deficiencias identificadas son acotadas y de naturaleza principalmente formal, derivando en seis recomendaciones de mejora que han sido aceptadas por la Consejería salvo en un único apartado.

El texto ratifica que el departamento cuenta con una política de seguridad adecuada a su misión, aprobada por el titular del área, coordinada con la Administración autonómica y difundida tanto en internet como en la formación obligatoria. Dispone igualmente de una norma sobre el uso correcto e indebido de equipos e instalaciones que se actualiza habitualmente en su portal de aplicaciones, cumpliendo con el marco organizativo y la definición de roles del ENS. Finalmente, el estudio repara en los recursos del departamento TIC y de seguridad, cuyos gastos TIC en el ejercicio 2022 ascendieron a 4,2 millones de euros con 39 personas dedicadas a este cometido, destinándose a seguridad el 0,45 % de esa partida, esto es, 19.112 euros, al tiempo que aconseja subsanar aspectos formales como la especificación de determinadas funciones, la planificación formativa y la gestión del registro normativo.

Únete al universo Soria Noticias Descárgate nuestra APP, entra en nuestro canal de WhatsApp o síguenos en redes.