El 65% de las empresas de Castilla y León mantuvo su actividad durante el estado de alarma
Polígono industrial de Las Casas.
Economía y Hacienda, a través de un cuestionario sobre la COVID-19 revela que el 45 % de las empresas industriales y de construcción trabajaron por encima de la media. La reducción de la demanda interna, la fiscalidad, el incremento de la morosidad y las dificultades de liquidez son los factores que los gestores de los establecimientos creen que tendrán un mayor impacto en sus negocios en la segunda mitad del año. Un 37,7 % de los empresarios de Castilla y León encuestados solicitó un ERTE durante el estado de alarma, un 27,6 % redujo la jornada laboral de sus trabajadores y un 27 % la reorganizó.
La Consejería de Economía y Hacienda revela que el 65,2 % de las empresas de Castilla y León mantuvo su actividad durante el estado de alarma, mientras que muchas de ellas modificaron el funcionamiento de sus negocios con fórmulas como el teletrabajo, opción utilizada por el 43 %. Así se desprende del cuestionario sobre COVID-19 incluido en el último estudio del Indicador de Confianza Empresarial, elaborado entre la Dirección General de Presupuestos y Estadística y el Instituto Nacional de Estadística (INE). La finalidad de esta encuesta extraordinaria ha sido la de recoger las opiniones de los gestores de los establecimientos sobre el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en sus negocios y su adaptación a la nueva situación.
De las empresas que permanecieron abiertas en la Comunidad, el 39,3 % de ellas bajó su actividad, mientras que un 7 % la incrementó y el resto se mantuvo en los mismos niveles. Por su parte, un 34,8 % de los establecimientos permaneció cerrado.
Por sectores, el 45 % de las empresas de la industria y la construcción siguieron funcionando por encima de la media, mientras que el 56,3 % de los establecimientos de transporte y hostelería permanecieron cerrados.
Cambio en el funcionamiento de los negocios
La encuesta también revela que los gestores de los establecimientos buscaron fórmulas para intentar mantener cierto nivel de actividad y el teletrabajo fue la opción elegida en el 43,3 % de los casos, teniendo en cuenta que el 28 % pretende continuar con este sistema en los próximos seis meses. Por su parte, el 11,4 % de los profesionales optó por incrementar su nivel de digitalización y el 48 % no llevó a cabo ninguna modificación en el funcionamiento de su negocio.
Atendiendo al tamaño de las empresas, el 68 % de los establecimientos con menos de 10 salariados no implantó ninguna medida, mientras que todos los negocios con más de un millar de empleados optaron por el teletrabajo.
Impacto del COVID-19 sobre el empleo
El análisis incluido en el Indicador de Confianza Empresarial revela que un 37,7 % de los establecimientos encuestados en Castilla y León solicitó un ERTE para todos o parte de sus trabajadores durante el estado de alarma, una cifra similar a la media nacional (37,9 %).
Asimismo, un 27,6 % de los gestores decidió reducir la jornada laboral de sus trabajadores y un 27 % optó por reorganizarla. Además, un 2,4 % de los establecimientos incrementó la jornada laboral de sus trabajadores, una cifra superior al 1,6 % nacional.
Actividad en el segundo semestre del año
El informe de la Consejería de Economía y Hacienda añade que la reducción de la demanda interna, la fiscalidad, el incremento de la morosidad y las dificultades de liquidez son los factores que los empresarios creen que tendrán más impacto en la actividad de sus negocios en los seis próximos meses.
En el segundo semestre del año, dos de cada diez empresarios de Castilla y León planea realizar innovaciones en sus procesos como medida tras el estado de alarma, así como inversiones en nuevas tecnologías.
Por su parte, un 6 % de los gestores encuestados en la Comunidad prevé aumentar la plantilla en el próximo semestre y un 7 % de los profesionales cree que probablemente tenga que cerrar.
Respecto al material y a las medidas de protección, los encuestados consideran que tendrán un impacto alto en el próximo semestre la complejidad de los procesos debido a las medidas de protección -en el 24,9 % de los establecimientos-, y la dificultad para conseguir material de protección, en el 15,5 %.