Carriedo esquiva las críticas por la tardanza en la formación de Gobierno y apela al "trabajo intenso" sin concretar el acuerdo con Vox

La Junta de Castilla y León se encuentra en un tiempo suspendido según las críticas que se vienen sucediendo en las últimas semanas por parte de la oposición, la última hoy mismo, y de algunos agentes sociales.

Han pasado dos meses desde las elecciones y la Junta sigue en funciones, con un Gobierno que "gestiona el día a día" mientras evita fijar un horizonte claro para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, único candidato designado.

El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha comparecido hoy tras el Consejo de Gobierno con un mensaje reiterado y sin novedades a preguntas de los periodistas: "se está trabajando".

La fórmula no es nueva. Es el estribillo de cada comparecencia semanal. El portavoz ha rechazado nuevamente las críticas y defendido que el proceso responde exclusivamente a la voluntad de alcanzar un acuerdo "bueno para nuestra Comunidad".

"El trabajo que estamos realizando [desde la Junta] es público y notorio", ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, antes de subrayar que el Ejecutivo "sigue activo en todo lo que nos corresponde", pese a su condición de interinidad.

El portavoz ha puesto como ejemplo decisiones adoptadas en materia educativa y sanitaria, así como medidas orientadas al crecimiento económico y al empleo. "Un gobierno en funciones no significa que no siga funcionando", ha recalcado, queriendo proyectar normalidad política. Pero esa normalidad choca con la ausencia de avances visibles en la negociación.

Porque si hay un elemento que define la comparecencia es lo que no ha dicho. No ha avanzado calendario, ni líneas rojas, ni detalles sobre el eventual acuerdo con Vox. Apenas dos ideas, enunciadas de forma casi abstracta: "voluntad de llegar a un acuerdo" y "buena disposición".

La apelación al mandato de las urnas ha sido el otro eje del discurso. Según el portavoz, los ciudadanos "indicaron claramente quién querían que fuera el presidente", pero también reclamaron "diálogo" y "buscar acuerdos". Esa doble lectura —legitimidad para liderar y obligación de pactar— sirve al Ejecutivo para justificar tanto la candidatura de Mañueco como la lentitud de las negociaciones.

La insistencia en que no influyen los movimientos en otras comunidades [elecciones andaluzas o acuerdo con Vox en Extremadura] contrasta con la percepción instalada en la oposición y en parte del análisis político: que el tablero autonómico funciona como un sistema de vasos comunicantes, donde cada pacto condiciona el siguiente. El portavoz lo ha negado de forma explícita —"sin importarnos ni preocuparnos lo que ocurra en otras comunidades"—, pero no ha aportado elementos que disipen la duda.

"Cuando se alcance este acuerdo, informaremos del mismo con todo detalle", ha comprometido el portavoz.