La fachada norte del Palacio de los Hurtado de Mendoza, cuya situación de riesgo estaba documentada desde agosto de 2024, ha acabado derrumbándose este martes. Patrimonio llegó a certificar en 2024 un "colapso de derrumbe inminente" y autorizó obras urgentes de consolidación que, finalmente, no llegaron a ejecutarse. El desplome se ha llevado por delante parte de la galería gótica del ala norte, cinco de los once arcos de la planta superior y un importante artesonado, dejando una pérdida patrimonial que el alcalde, Jesús Cedazo, considera "irreparable".
El Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, de propiedad privada, ha perdido este martes parte de su fachada norte, en un derrumbe que afecta a uno de los elementos más antiguos y singulares del inmueble y que vuelve a poner sobre la mesa el deterioro de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1991. La pérdida afecta a una zona que ya había sido objeto de informes técnicos y que en agosto de 2024 presentaba, según recoge el portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León, riesgo de "colapso de derrumbe inminente".
El desprendimiento se ha producido en el ala norte del palacio, precisamente la parte más antigua del conjunto. En esta zona se conserva una galería de finales del gótico que sostiene una segunda planta, en la que se han perdido cinco de los once arcos del piso superior, además de un importante artesonado.
El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, se mostraba desolado pocos minutos después del derrumbe y calificaba la pérdida patrimonial de "irreparable". El regidor señalaba a Soria Noticias que el Ayuntamiento venía reclamando de forma continuada una intervención sobre el inmueble y ha recordado que el estado del palacio había sido objeto de seguimiento tanto por parte del arquitecto de la familia propietaria como de los responsables de Patrimonio. "Era previsible", ha lamentado.
La situación era conocida desde hacía tiempo. En agosto de 2024, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural había autorizado "obras de urgencia para la consolidación y estabilización del agrietamiento existente en el muro de la fachada norte del Palacio". Las obras estaban promovidas por los propietarios, Herederos Familia Alonso-Martirena.
La solicitud inicial había entrado en el registro del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte el 19 de abril de 2024, promovida por la propiedad, responsable del inmueble.
El 30 de mayo, la Comisión Territorial autorizó la intervención con diversas prescripciones técnicas, entre ellas la realización de un estudio de estabilidad de la ladera y otro completo sobre las deformaciones del ala norte del edificio.
Pero la evolución de la grieta aceleró la situación. El 16 de agosto de 2024 entró nueva documentación solicitando obras de urgencia "por evolución de grieta existente". Dos días antes, el 14 de agosto, técnicos de Patrimonio habían visitado el inmueble junto al arquitecto redactor del informe técnico y técnicos municipales de Almazán. La conclusión era clara: el agrietamiento del muro había sufrido una "evolución considerable".
Más contundente aún fue el informe elaborado a petición de la propiedad. Durante una visita realizada el 13 de agosto de 2024 con propietarios y contratistas para preparar las obras de consolidación y estabilización de la fachada, los técnicos observaron la posibilidad de un "colapso de derrumbe inminente" de esa parte del muro, con desprendimiento.
El Ayuntamiento informó ese mismo día, 13 de agosto de 2024, de la situación a la Junta de Castilla y León, que procedió a cortar de inmediato la Ronda del Río Duero para evitar posibles afecciones.
Patrimonio autorizó entonces la intervención de manera inmediata. Entre las condiciones se establecía que, antes de comenzar cualquier actuación, debía valorarse la carga soportada por el muro y procederse a su descarga mediante los apeos necesarios para evitar daños en la arcada superior y en la cubierta. También se ordenaba instalar una malla de protección y realizar una inspección completa, al menos, de toda el ala norte para elaborar un "mapa de grietas".
Ese estudio debía permitir conocer con mayor precisión las deformaciones existentes y el sentido de las tensiones en la zona afectada. Patrimonio recomendaba incluso analizar no solo los muros, sino también el terreno de la ladera, la cubierta, los alfarjes y las pinturas murales, con la posibilidad de utilizar georradar.
El propio acuerdo recordaba además a los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León su obligación de conservarlos, custodiarlos y protegerlos para garantizar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.
La previsión era que el apuntalamiento tuviera carácter provisional y que, una vez asegurada la estructura, se planteara de forma inmediata una solución de restauración. La Comisión instaba, además, a planificar una intervención de consolidación y restauración del palacio por fases.
Sin embargo, aquella intervención no llegó a materializarse en los términos necesarios para evitar el desenlace ocurrido hoy. En 2011 ya se había actuado en una parte del edificio, pero las actuaciones necesarias para garantizar la conservación del resto del inmueble quedaron pendientes.
La situación del Palacio llegó incluso a las Cortes de Castilla y León. Primero con una pregunta oral de Soria ¡Ya! formulada en el pleno del 24 de septiembre de 2024. Más tarde, el 21 de febrero de 2025, la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte aprobaba una resolución en la que instaba a la Junta a mantener el contacto con los propietarios para impulsar "las actuaciones urgentes necesarias" destinadas a acometer las obras de restauración y mantenimiento del inmueble.
La resolución, aprobada a raíz de una proposición no de ley presentada por procuradores socialistas, iba más allá y pedía al Ejecutivo autonómico que estudiara la posibilidad de realizar actuaciones subsidiarias previstas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. También reclamaba analizar la apertura de un posible expediente sancionador conforme a la misma normativa.
En junio de este año, el día 18, la Mesa de las Cortes de Castilla y León, admitió a trámite una pregunta del PSOE para respuesta escrita y ordenaba su remisión a la Junta de Castilla y León.
Fueron, en realidad, tres preguntas que aún carecen de respuesta: ¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Castilla y León no ha dado cumplimiento a la resolución aprobada, derivada de la Proposición no de Ley PNL/001072, por la que se insta a la Junta de Castilla y León a seguir en contacto con los propietarios del palacio de los Hurtado de Mendoza, en Almazán, para acometer sus obras de restauración y mantenimiento, así como a garantizar la debida conservación del inmueble, y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos? ¿Puede la Junta de Castilla y León justificar técnica, política, jurídica o económicamente las razones para no haber cumplido dicha resolución? De ser así, ¿puede explicarlas? y ¿Qué obras le consta a la Junta de Castilla y León se han acometido o se ha instado a realizar en la fachada noroeste tan deteriorada, o en la galería tardogótica de la misma?
El derrumbe vuelve a frustrar, al menos de momento, uno de los grandes proyectos patrimoniales de Almazán: recuperar para uso público la totalidad del Palacio de los Hurtado de Mendoza, uno de los edificios más emblemáticos de la villa y de la provincia de Soria.
En 2025, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con los propietarios para ultimar la compra del inmueble. Jesús Cedazo confiaba entonces en "convertir los deseos en realidad" y aseguraba a Soria Noticias que el Consistorio estaba "muy cerca" de lograr la adquisición del palacio.
La intención municipal pasaba por conseguir la colaboración de las distintas administraciones —Diputación, Junta de Castilla y León y Gobierno de España— para convertir el edificio en un "proyecto tractor" para Almazán y para la provincia.
El palacio es de propiedad privada, aunque el Ayuntamiento adquirió en 2007 una parte de la planta baja, durante el anterior mandato municipal, entonces con Ángel Núñez al frente y bajo las siglas del PSOE. En ese espacio se encuentra actualmente el Centro de Recepción de Visitantes.
El inmueble constituye, además, una pieza destacada de la historia de Almazán y de la Corona de Castilla. Construido por la familia Hurtado de Mendoza en el siglo XV, fue objeto de renovaciones durante el siglo XVI. La zona ahora afectada corresponde precisamente a la parte más antigua del conjunto.
Su historia está estrechamente vinculada a los Reyes Católicos. Fernando, entonces infante de Aragón, permaneció oculto allí antes de su matrimonio con Isabel de Castilla. Posteriormente, ambos fijaron su residencia en el palacio entre abril y julio de 1496. De aquel periodo se conservan, entre otros elementos, una escalinata y un ventanal.
El edificio también fue aposento real durante los reinados de Carlos I, Felipe II y Felipe IV.
Ahora, el derrumbe de la fachada norte no solo supone la pérdida física de parte de esa arquitectura histórica. También evidencia hasta qué punto el deterioro de un inmueble patrimonial puede prolongarse en el tiempo incluso cuando su estado de conservación, su riesgo estructural y la necesidad de intervenir han sido advertidos formalmente.
Lo que durante años fue una grieta, después un problema estructural y finalmente una intervención declarada urgente por Patrimonio, se ha convertido este martes en una pérdida patrimonial de gran magnitud para Almazán.
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