PSOE y PP chocan en las Cortes por el Fondo de Cohesión Territorial, que no duplicará la financiación que reciben los pueblos

El PSOE ha reclamado hoy en las Cortes de Castilla y León duplicar hasta los 40 millones de euros la dotación del Fondo de Cohesión Territorial y eliminar parte de las restricciones que, a su juicio, condicionan a los ayuntamientos a la hora de decidir en qué invertir estas ayudas. El PP ha rechazado la propuesta y ha defendido el actual modelo de cooperación económica local, aunque ha asegurado que la Junta actualizará la cuantía del fondo en los próximos presupuestos.

La Proposición No de Ley defendida por la procuradora socialista, Esther Pérez, planteaba dos modificaciones: elevar de 20 a 40 millones la dotación del fondo y reconocer a las entidades locales un mayor margen para decidir el destino de los recursos, siempre dentro de la legalidad, la fiscalización y la justificación del gasto público. A juicio de la socialista, la congelación de esa cantidad durante cinco ejercicioss implica una pérdida de capacidad inversora por el incremento de los costes de materiales, energía, transporte y construcción.

La parlamentaria ha situado el foco del debate en la dimensión municipal de la comunidad. Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, de los que 2.232 tienen menos de 20.000 habitantes, más del 99%, según los datos manejados durante el debate. De ellos, 182 están en Soria. Para el PSOE, esa realidad hace que el Fondo de Cohesión Territorial tenga un papel relevante para mantener servicios e infraestructuras básicas en el medio rural.

Pérez ha recordado además que los pequeños ayuntamientos deben afrontar con estructuras administrativas muy reducidas actuaciones como la renovación de redes de abastecimiento, el alumbrado, la reparación de calles y caminos o el mantenimiento de edificios e instalaciones municipales. “Un fondo sea útil no significa que sea suficiente”, resumió.

Más capacidad para decidir

El segundo eje de la iniciativa socialista ha sido la autonomía municipal. El PSOE sostiene que los ayuntamientos deberían disponer de mayor capacidad para decidir qué actuaciones son prioritarias en función de las necesidades de sus vecinos, sin que ello suponga eliminar los controles sobre el dinero público.

Pérez ha insistido durante el debate en que su propuesta no plantea que los municipios puedan utilizar los fondos “para cualquier gasto”, sino que se mantengan la fiscalización, la contratación pública, la acreditación de la titularidad, los plazos de ejecución y la justificación de las ayudas.

El PP, por su parte, ha acusado al PSOE de cambiar de posición respecto al modelo de financiación local que había respaldado en el pasado y de plantear incrementos de gasto sin explicar de dónde saldrían los recursos. El partido en el Gobierno –que ha contado a su favor con el voto de su socio de coalición, Vox, también en contra– que el Fondo de Cohesión Territorial fue creado durante la pasada legislatura con una dotación de 20 millones de euros y recordó que forma parte de un sistema más amplio de cooperación económica local.

Los populares cifran en 479,2 millones de euros la cantidad destinada por la Junta a cooperación económica local durante la legislatura pasada y han defendido que las ayudas autonómicas ya permiten financiar actuaciones relacionadas con servicios públicos esenciales, como el alumbrado, el abastecimiento y la gestión de aguas, el mobiliario urbano o la recogida de residuos.

El PP también ha destacado que el reparto del Fondo de Cohesión Territorial incorpora criterios destinados a favorecer a las provincias más afectadas por la despoblación y el desempleo. Según explicó su representante, el 40% del fondo se distribuye atendiendo precisamente a esos indicadores, introduciendo un componente de solidaridad territorial.

Los populares han rechazado, asimismo, que las condiciones establecidas por la Junta para el uso de las ayudas vulneren la autonomía local. En este punto, recurrieron a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para defender la capacidad de la comunidad autónoma de establecer el destino de sus subvenciones dentro de sus competencias.

Para el PP, incrementar el fondo hasta 40 millones exigiría explicar qué partidas presupuestarias deberían reducirse para financiarlo. “Si la voluntad política real es con el municipalismo, seguramente en los presupuestos se reflejará”, ha refutado la procuradora socialista.

Menos población, menos dinero

El debate ha tenido también un marcado componente territorial. Pérez ha usado como ejemplo un pequeño municipio de la provincia de Soria para ilustrar, a su juicio, las dificultades que genera el actual sistema. Y ha citado el caso de una localidad, cuya asignación habría pasado de unos 3.347 euros más 2.673 euros de otra línea cuando tenía 65 habitantes a una cantidad todavía menor tras descender su población hasta los 59 habitantes.

Con este ejemplo, la socialista ha defendido que aplicar criterios estrictamente vinculados a la población puede acabar reduciendo los recursos disponibles precisamente en los municipios que afrontan mayores costes derivados de la dispersión y la baja densidad.

El PP defiende un modelo que, asegura, ya incorpora mecanismos para corregir los desequilibrios territoriales y recuerda el compromiso expresado por el consejero de la Presidencia de actualizar el fondo.