El Gobierno exigirá desde el 26 de noviembre que los ayuntamientos demuestren que sus zonas de bajas emisiones aplican las restricciones, los controles y las sanciones. El Consistorio soriano sostiene que la nueva normativa "no nos afecta ya que Soria no supera los 50.000 habitantes" y, además, "está a la espera de que se pronuncie el tribunal sobre las cautelares".
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tendrán que demostrar que funcionan de verdad. El Gobierno ha endurecido los requisitos para acreditar su implantación y, a partir del próximo 26 de noviembre, los ayuntamientos deberán justificar que las restricciones están en vigor, que los sistemas de control funcionan y que se aplica el régimen sancionador. Una exigencia que coincide con la decisión del Consistorio de suspender la tramitación de las multas, que impone desde el pasado 1 de noviembre con sanciones que pueden alcanzar los 200 euros por los accesos no autorizados. El Ayuntamiento de Soria espera además que "el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resuelva las medidas cautelares solicitadas por Vox".
El Real Decreto 953/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 6 de noviembre, modifica la normativa estatal sobre estas zonas y concreta la documentación que las entidades locales deben remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y al órgano autonómico competente en materia de medio ambiente. Entre otros aspectos, deberán acreditar que las limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento se aplican efectivamente y que cuentan con un sistema de vigilancia y seguimiento operativo.
El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el nuevo decreto "no afecta a la ciudad porque tiene menos de 50.000 habitantes y no está obligada legalmente a disponer de una zona de bajas emisiones". La Ley de Cambio Climático establece esta obligación para los municipios que superan ese umbral y para aquellos de más de 20.000 habitantes que incumplen determinados valores de calidad del aire.
El Consistorio decidió implantar su zona de forma voluntaria y considera que, por este motivo, queda fuera de las nuevas obligaciones estatales. Pero el Real Decreto 953/2026 modifica el artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022, que no establece excepciones para las zonas de bajas emisiones voluntarias, sino que refuerza la documentación que los ayuntamientos deben aportar para acreditar que funcionan correctamente.
En concreto, los ayuntamientos deberán remitir la ordenanza municipal que regula la ZBE y demostrar que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están en vigor. También tendrán que acreditar que funcionan los sistemas de vigilancia, monitorización y seguimiento, que la zona está integrada en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT y que se aplica efectivamente el régimen sancionador, sin recurrir a sistemas transitorios de avisos para retrasar las multas.
La norma establece que, mientras no se aporte la documentación exigida, la ZBE no se considerará correctamente implantada. El objetivo es evitar que estas zonas se queden únicamente sobre el papel y garantizar que las restricciones previstas se aplican en la práctica.
Únete al universo Soria Noticias Descárgate nuestra APP, entra en nuestro canal de WhatsApp o síguenos en redes.